Trump y su peligrosa redefinición de los cárteles

La propuesta de Donald Trump de clasificar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) ya es una realidad en su segundo mandato presidencial en 2025. En su discurso inaugural, Trump declaró: “No toleraremos que los cárteles mexicanos destruyan a nuestras familias con fentanilo y otras drogas. Es hora de tratarlos como lo que son: organizaciones terroristas”. Este anuncio, que busca enfrentar el narcotráfico con mayor agresividad, tiene implicaciones mucho más profundas que ponen en riesgo la soberanía mexicana, exacerban la narrativa antinmigrante y amenazan con agravar una relación ya de por sí compleja.

Desde 2019, Trump había amenazado con etiquetar a los cárteles mexicanos como FTO, pero fue hasta 2025, al asumir nuevamente la presidencia, que formalizó esta medida. Bajo esta designación, Estados Unidos tiene ahora la capacidad de emplear herramientas más agresivas, como sanciones financieras, procesos judiciales más severos contra asociados y, en un extremo, la posibilidad de justificar intervenciones militares. Esta medida, aunque se plantea como un esfuerzo para combatir el narcotráfico, también puede tener consecuencias colaterales que afecten a las comunidades migrantes y los lazos comerciales entre ambas naciones.

Redefiniendo el concepto de terrorismo

Para entender el impacto de esta designación, es necesario analizar cómo funciona la categoría de terrorismo en el contexto estadounidense. Las FTO están sujetas a estrictas restricciones económicas, y sus miembros o colaboradores pueden enfrentar graves consecuencias legales.

Históricamente, esta categoría se ha utilizado para grupos ideológicos con agendas políticas o religiosas, como Al-Qaeda. La inclusión de los cárteles en esta lista supone una reinterpretación del concepto de terrorismo, alejándolo de sus orígenes ideológicos hacia un enfoque puramente criminal.

Aunque los cárteles mexicanos, como el Cártel de Sinaloa o el CJNG, tienen una estructura organizada y recurren a la violencia extrema, su objetivo principal es el lucro, no una agenda política. Varios especialistas, como Cecilia Farfán-Méndez, investigadora de seguridad en la Universidad de California, han argumentado que clasificar a los cárteles como terroristas es un error conceptual. Farfán-Méndez ha destacado que “los cárteles carecen de una agenda ideológica para desestabilizar gobiernos o infundir terror con fines políticos, que es el criterio básico para definir el terrorismo”. Este enfoque simplista ignora las complejidades del narcotráfico y los factores estructurales que lo alimentan, incluidos el consumo masivo de drogas en Estados Unidos y el flujo de armas hacia México.

Una amenaza a la soberanía mexicana

La soberanía es uno de los pilares fundamentales de la diplomacia moderna, y la acción de Trump representa una amenaza directa contra este principio. Al etiquetar a los cárteles como FTO, Estados Unidos podría justificar acciones unilaterales dentro del territorio mexicano bajo el pretexto de combatir el terrorismo. Esto abre la posibilidad de intervenciones militares que recordarían los episodios de injerencia histórica, como las ocupaciones estadounidenses en Veracruz y otras partes de México durante el siglo XX.

La postura del gobierno mexicano, encabezado actualmente por Claudia Sheinbaum, ha sido clara: cualquier acción contra los cárteles debe ser coordinada y respetar la soberanía nacional. Sheinbaum ha enfatizado que el problema del narcotráfico no se resolverá con medidas militarizadas ni con narrativas que simplifican la responsabilidad del conflicto, apuntando también hacia el rol de Estados Unidos como consumidor principal de drogas y proveedor de armas.

Consecuencias para los migrantes

Otro efecto potencialmente devastador de esta designación recae sobre los migrantes mexicanos. La narrativa de asociar a los cárteles con el terrorismo podría reforzar los prejuicios y la discriminación contra las comunidades migrantes en Estados Unidos. En un contexto de crecientes tensiones antimigrantes, es fácil imaginar cómo esta medida podría utilizarse para justificar deportaciones masivas o denegar solicitudes de asilo bajo el pretexto de “potenciales vínculos con el terrorismo”.

Además, esta narrativa perpetúa la criminalización de los migrantes, ignorando las razones estructurales que los obligan a abandonar sus hogares, como la violencia generada por el narcotráfico y las condiciones de pobreza exacerbadas por la desigualdad económica y las políticas neoliberales.

Una herramienta de propaganda política

Es importante entender que la acción de Trump no está desconectada de sus intereses políticos. En el contexto de su campaña de reelección y ahora en su presidencia, esta medida es un intento de reforzar su imagen como un líder duro contra el crimen y un defensor de los intereses nacionales. Sin embargo, más que abordar las causas profundas del narcotráfico, esta estrategia busca polarizar y movilizar a su base electoral.

Este enfoque también desvía la atención de otros problemas internos en Estados Unidos, como la crisis de salud pública vinculada a la epidemia de opioides. En lugar de asumir responsabilidad por el consumo masivo de drogas, Trump prefiere culpar a los cárteles mexicanos, construyendo una narrativa conveniente que refuerza estereotipos negativos sobre México y su gente.

Las raíces del problema: una perspectiva histórica

La “guerra contra las drogas” ha servido históricamente como un mecanismo de control sobre América Latina. Bajo este pretexto, Estados Unidos ha justificado intervenciones militares, apoyado regímenes autoritarios y promovido políticas que benefician sus intereses económicos y geopolíticos. La acción de Trump de etiquetar a los cárteles como terroristas encaja perfectamente dentro de este esquema, consolidando la narrativa de que Estados Unidos es la víctima y América Latina el origen del problema.

Sin embargo, esta narrativa ignora el papel de instituciones estadounidenses, como la DEA y la CIA, en la perpetuación del narcotráfico. Ejemplos históricos como el escándalo Irán-Contra, donde se documentó la participación de la CIA en el tráfico de drogas para financiar operaciones militares en América Central, demuestran que la responsabilidad está lejos de ser unilateral.

Alternativas necesarias

El narcotráfico es un problema complejo que no se resolverá con designaciones unilaterales ni con medidas militarizadas. En lugar de etiquetar a los cárteles como FTO, Estados Unidos debería centrarse en reducir el consumo de drogas a través de programas de salud pública, regular el flujo de armas hacia México y abordar las desigualdades económicas que alimentan el narcotráfico.

Por su parte, México debe priorizar el fortalecimiento de sus instituciones y el combate a la corrupción, asegurándose de que los recursos destinados a la seguridad se utilicen de manera efectiva y transparente. Además, es crucial implementar estrategias de desarrollo económico en las regiones más afectadas por la violencia, ofreciendo alternativas reales a las comunidades que actualmente dependen del narcotráfico para sobrevivir.

La decisión de Donald Trump de clasificar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras es una medida que, lejos de resolver el problema del narcotráfico, amenaza con agravar sus consecuencias. Esta acción no solo pone en riesgo la soberanía mexicana, sino que también perpetúa estigmas dañinos hacia los migrantes y desvía la atención de las causas estructurales del problema. Si bien Trump presenta esta política como una solución contundente, en realidad representa un paso más hacia la militarización y la simplificación de un fenómeno que requiere respuestas más profundas y colaborativas.