¡Tóoooomala! Ni con toda la protección de jueces, Abarca saldrá de la cárcel

Hace unos días, un juez en Tamaulipas decidió que José Luis Abarca, el ex acalde de Iguala, debía ser liberado por los cargos de secuestro y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, hecho que llevó al Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial por la determinación del juez Samuel Ventura Ramos.

Cinco días después del pronunciamiento del Presidente se conoce que otro juez, ahora del Segundo Distrito de Procesos Penales en el Estado de México, giró nuevas órdenes de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas contra el exalcalde, su esposa María de los Ángeles Pineda y Felipe Flores Velázquez, el exjefe de la policía municipal de Iguala de José Luis Abarca durante el ataque y desaparición de los normalistas la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014.

La medida fue liberada el 16 de septiembre pasado como parte de las investigaciones que lleva a cabo tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como la Comisión para la Verdad y la Justicia de Caso Ayotzinapa, a cargo del subsecretario Alejandro Encinas, para esclarecer el crimen de estado cometido en Iguala, Guerrero.

Cabe señalar que en estas nuevas órdenes de aprehensión, a la esposa del presidente municipal de Iguala, María de los Ángeles Pineda, quien en ese momento fungía como presidenta del DIF municipal, solo es por el delito de delincuencia organizada.

Las órdenes de aprehensión, se derivan de la causa penal 15/2022, donde la FGR tomó declaración a cerca de 20 testigos protegidos que aseguran que José Luis Abarca y su esposa están probablemente relacionados con delitos contra la salud a partir de su relación con «Guerreros Unidos».

Los mandamientos de captura fueron ejecutados por elementos de la FGR en los centros penitenciarios en los que se encuentran internos José Luis Abarca, el exjefe policiaco y María de los Ángeles Pineda, los dos primeros recluidos en el Altiplano y la esposa del exalcalde en el penal federal femenil de Amacuzac, Morelos.

Antecedentes criminales y la orden de desaparición

José Luis Abarca y María de los Ángeles fueron detenidos el 4 de noviembre de 2014 en una casa en Iztapalapa, Ciudad de México, por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y desaparición de los normalistas.

Meses después, en mayo de 2015, María de los Ángeles Pineda fue acusada de cohecho por intentar sobornar a los tres elementos de la entonces Policía Federal que la detuvieron. Les ofreció 500 mil pesos y un vehículo si la dejaban ir del lugar.

Lo cierto que tras la detención de la pareja Abarca-Pineda se supo de las relaciones familiares con el crimen organizado a través de María de los Ángeles Pineda Villa y es que ella es hermana de Mario Antonio Pineda Villa “El MP” y Alberto Pineda Villa, “El Borrado”, ambos del círculo cercano de Arturo Beltrán Leyva, uno de los líderes del Cártel de los Beltrán Leyva, quien en 2009 ordenó asesinarlos por traición.

Ambos habían creado el grupo de Los Pelones para controlar el trasiego de drogas en Guerrero para los Beltrán Leyva. Tras la muerte de sus hermanos, otro Salomón Pineda Villa”, “Salo” o “El Molón” creo el grupo Guerreros Unidos, y María de los Ángeles Pineda era una de las operadoras en Iguala.

En octubre de 2014 se informó que Salomón Pineda habría sido detenido en Cuernavaca, Morelos, por elementos de la Marina-Armada de México, no obstante en agosto de 2020 se supo que se ofrecían hasta un millón 500 mil pesos a quien dé información para su localización.

En agosto pasado, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación,  Alejandro Encinas dio a conocer en el informe de la Comisión de la Verdad que quienes ordenaron la desaparición de los normalistas fueron José Luis Abarca y líderes del grupo criminal Guerreros Unidos, ente ellos su lugarteniente Gildardo López Astudillo. “El Gil”, en coalición con otras autoridades de los tres niveles de gobierno.

“Quienes dieron la orden, Participa A1, presuntamente José Luis Abarca, los dirigentes de Guerreros Unidos, y en coalición con algunas otras autoridades. Tenemos evidencia de la coalición de autoridades donde A1 y líderes de Guerreros Unidos ordenaron recuperar la mercancía y darles su merecido y un escarmiento ejemplar a los estudiantes”, aseguró Encinas quien aseguró que el entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, tiempo atrás, en julio de 2013, había amenazado a los normalistas, de que si entraban a Iguala se iban a atener a las consecuencias.

El antecedente de esta amenaza, según Encinas fue porque normalistas de Ayotzinapa tomaron las oficinas del Ayuntamiento de Iguala exigiendo a aparición del dirigente Social Arturo Hernández Cardona, quien apareció asesinado el 3 de julio de 2013, homicidio que se le atribuye a José Luis Abarca y por el cual está detenido.

Lo cierto es que la noche del 26 de septiembre de 2014, José Luis Abarca ordenó al jefe policiaco Felipe Flores Velázquez no sólo impedir que llegaran a la plaza de Iguala, donde había ya terminado el discurso de su esposa, sino de “perseguirlos, detenerlos y de dar un escarmiento”.

Fue entonces que el jefe policiaco ordenó el traslado de decenas de policías municipales a cerrarles el paso a los normalistas y comenzó el terror de esa noche contra los normalistas.

Recientemente, el subsecretario de Derechos Humanos y presidente de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas expuso que en la maquinación del crimen de estado del caso Ayotzinapa participaron seis jueces por encubrir a presuntos delincuentes, de los cuales, en esa ocasión no dio nombres.

Entre los jueces presuntamente implicados de proteger a delincuentes en el caso Ayotzinapa, aparte de Samuel Ventura, también estaría el juez Jorge Guillermo García Suárez Campos integrante del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Tamaulipas.