¡Red de complicidad de alto nivel! 115 números telefónicos, relacionados con desaparición de normalistas

La Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa realizó 87 millones de evaluaciones de registros telefónicos que fueron depurados para ubicar 84 mil registros clave, de los cuales 17 mil 20 fueron sesiones de audio de intervenciones realizadas por el área de inteligencia de la entonces Policía Federal Preventiva y “analizados rigurosamente en los últimos dos años, esto llevó a un mapeo y geolocalización de 115 números telefónicos” que abrían estado relacionadas de alguna manera con la desaparición de los normalistas.

Lo anterior es parte del informe presentado por la Comisión que preside Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, quien recientemente lo presentó en la mañanera de forma detallada y quien ha asegurado que lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, fue un “crimen de Estado” que la justicia debe castigar a los responsables.

De acuerdo con una parte del informe de la Comisión de la Verdad del Caso Ayotzinapa, que es público, estos 115 números telefónicos fueron de personas que habrían tenido alguna relación con el caso como “individuos privados de su libertad; perpetradores que obtuvieron su libertad por haber sido objeto de tortura, perpetradores detenidos por delitos diferentes al caso; ex funcionarios federales, estatales y municipales, testigos colaboradores y familiares”.

De acuerdo con Alejandro Encinas, esta red de complicidad entre Guerreros Unidos y funcionarios de alto nivel en la administración de Peña Nieto, como en su caso de la entonces PGR, fue documentada por la Comisión de la Verdad y complementada con información de 41 mil 168 documentos que fueron aportados por la administración pública federal y otros órganos autónomos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Aunado a lo anterior, la apertura de 17 mil 60 archivos militares de la Secretaría de la Defensa en las regiones, zonas y batallones de Guerrero y sus áreas de inteligencia, entre los que se encuentran las intervenciones de comunicaciones de integrantes de Guerreros Unidos y autoridades municipales, aportaron elementos clave sobre los acontecimientos.

“Hay quien sostiene que el informe se basa en una sola fuente de información lo cual tampoco se apega a la realidad”, indicó Encinas.

De acuerdo con el informe, los 41 mil 168 documentos consultados por investigadores de la Comisión fue proporcionada por 15 dependencias federales y estatales, así como organismos autónomos, incluyendo el GIEI y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Asimismo, se estableció que se analizaron 90 horas de video de sobrevuelos entregados por la Secretaría de Marina en la intervención de distintas autoridades en el basurero de Cocula.

Así como 50 video del Centro Nacional de Inteligencia que acreditan la tortura por parte de funcionarios públicos “a los presuntos perpetradores de la desaparición”.

Incluso, Encinas aseguró que se realizaron 467 capturas de pantalla de cinco números telefónicos que permitió ubicar conversaciones de distintos actores clave en la desaparición.

“Con toda claridad se puede observar los vínculos y relaciones ya no sólo de Guerreros Unidos con los policías municipales, sino también con autoridades, con población civil, y con algunos elementos del 27 Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero”, precisó el subsecretario de Gobernación.

Comisión de la Verdad sigue con la búsqueda de los normalistas

A estas acciones, la Comisión de la Verdad por el Caso Ayotzinapa, sumó no sólo el trabajo de reconstrucción de los hechos con los sobrevivientes, desde la salida de los normalistas de Ayotzinapa hasta su desaparición, sino todo el trabajo de campo de búsqueda.

Hasta el 26 de agosto de 2022, la Comisión de la Verdad había contabilizado 711 días de búsqueda de campo en siete municipios de Guerrero, y para ello se habían empleados a 50 personas del Gobierno de México y la FGR, quienes con equipo de tecnología avanzada exploraron territorio y utilizaron georradares, drones, cámaras térmicas y espectrales, binomios caninos, modelos matemáticos para la concentración de hidrógeno maquinaria y equipo diverso para localizar a los normalistas.

“Como lo hemos señalado esta investigación continúa abierta, continuamos con las búsquedas y el caso sigue en manos de la Fiscalía”, remató Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos.