Peña Nieto, hasta el copete de acusaciones; inicia cuenta regresiva para judicializaciones

Al expresidente Enrique Peña Nieto se le acaban las horas, los días, los meses para que deje de vivir entre lujos y fiestas en Madrid, España, donde hasta hoy vive con su novia y pase a esconderse o en mejor de los casos a entregarse a las autoridades.

Él lo sabe y tenía que moverse rápido al grado que desde que se dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera a cargo de Pablo Gómez lo tiene en la mira por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero comenzó a deshacerse de algunos de sus bienes, como un departamento de lujo de 139 metros recién adquirido, ubicado en el centro de la capital de Madrid, que le costó poco más de 10 millones de pesos y que fue puesto a la venta por 13 millones de pesos un día después de que Pablo Gómez diera a conocer, a principios de julio, las investigaciones en su contra.

Ahora, el expresidente está a muy poco tiempo de que judicialicen las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), que el fiscal Alejandro Gertz Manero tiene en su contra.

En “meses próximos”, los avances de las investigaciones de la FGR que tiene abiertas contra Peña Nieto, al menos por las que tiene que ver por delitos de carácter electoral, como patrimonial, “se permitirán judicializaciones”.

Lo anterior es parte de lo que dio a conocer la FGR en un comunicado en que confirmó que hay tres líneas de investigación por delitos federales contra Peña Nieto:

La primera por delitos tanto de carácter electoral como patrimonial, la cual incluye diversas denuncias en las que se encuentran involucrada la empresa OHL; la segunda, por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, de las cuales se requieren dictámenes periciales hacendarios y fiscales “que se han solicitado, mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para la judicialización del caso”; y la tercera por enriquecimiento ilícito, “en la cual los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia”

¿Quiere saber de qué se le investiga Peña Nieto?

A Enrique Peña Nieto se le investiga por los delitos de carácter electoral como patrimonial que incluyen diversas denuncias en las que se encuentran involucrada la empresa OHL, lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales y enriquecimiento ilícito.

En este caso de delitos de carácter electoral, como patrimonial incluyen diversas denuncias en las que se encuentran involucrada la empresa OHL de origen español.

Las investigaciones en contra de OHL, ahora Aleatica sobre presunta corrupción son al menos de 2019.

El entonces titular de la UIF, Santiago Nieto, expuso que se indagaban presuntos casos de corrupción de OHL, los cuales fueron suscritos en el sexenio de Peña Nieto.

La relación entre Pena Nieto y OHL data desde que el priista era gobernador del Estados de México, entre 2005 y 2011.

La empresa obtuvo contratos millonarios para infraestructura, tales como la construcción del Viaducto Bicentenario, el cual se habría realizado con sobrecostos, según audios filtrados en 2015, en donde se escucha conspirar a altos funcionarios de la empresa en ese entonces.

Las grabaciones involucraron a quienes fungían como ejecutivos de la empresa Pablo Wallentin, quien era director de Relaciones Pública de OHL México y Gerardo Fernández, entonces director jurídico de la empresa, en un esquema para aumentar el peaje del Viaducto Bicentenario.

OHL y el entonces partido en el poder también fueron señalados por fraude y malversar 90 mil millones de pesos del erario mexiquense, ya que la obra del Circuito Exterior Mexiquense se pagó a sobrecosto y terminó costando 63 mil 200 millones de pesos, en lugar de los 5 mil 600 millones de pesos del proyecto original. Esta deuda se cobraría al Estado de México y de ahí el inusitado aumento en las tarifas de peaje.

A OHL también se le acusó por financiar con 4 mil millones de pesos las campañas del PRI, esto gracias a una serie de acuerdos y todo un esquema de corrupción que se inició con la construcción de dichas obras en el Estado de México. Dichas pruebas fueron presentadas por el ahora senador Emilio Álvarez Icaza.

En junio de 2015 filtraron algunos audios que destaparon un caso de sobornos a magistrados mexiquenses que juzgaban una expropiación realizada en agosto de 2009 durante el periodo de Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México, por un terreno que valía 50 millones de pesos, y que las autoridades estatales no pagaron nada. El predio se usó para erigir el Circuito Exterior Mexiquense, y el dinero que no se dio a los propietarios se empleó, aseguran los afectados, para financiar la campaña presidencial del priista.

Se señaló que tanto Pablo Wallentin, habrían acordado pagar sobornos a magistrados y arreglar “lo de Tultepec”, en referencia a un caso de amparo de cinco propietarios de un predio de 30 mil metros.

Investigación de la UIF

A principios de julio, Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dio a conocer que proporcionó información de las investigaciones que realizaban contra Peña Nieto a la FGR para que esta abrieras las carpetas de investigación.

Detalló un esquema en donde el expresidente obtuvo beneficios económicos por medio de transferencias, hechas desde México hacia España, por un monto de al menos 26 millones de pesos los cuales fueron depositados en 3 días.

Estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea de Peña Nieto; la misma familiar envió, a su vez, cheques a un hermano del exmandatario a Arturo Peña.

Las transferencias, según la UIF, se hicieron en tres partes: una por 16 millones de pesos el 21 de agosto de 2019, y dos por cinco millones de pesos cada una el 20 de octubre y el 29 de octubre de 2021. Asimismo, entre 2013 y 2022, la consanguínea de Peña Nieto registró retiros por 189 millones 857,108 pesos y depósitos por 47 millones 523,677 pesos.

El órgano de inteligencia financiera también denunció ante la FGR que el expresidente Peña Nieto sostiene vínculos corporativos con dos empresas —de las cuales no se reveló su identidad— en las cuales supuestamente también se detectaron irregularidades fiscales y financieras.