Obrador vs Zedillo y Calderón; los llama “ternuritas” y “peleles”

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió como “ternuritas” a los expresidentes Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, quienes desde Madrid, España, criticaron a gobiernos latinoamericanos en el sentido de que sus líderes son populistas y que la conducción económica de estas naciones, incluida la de México, “no es la adecuada para los tiempos”.

“Yo les pido a todos que no nos enojemos, sobre lo que dice Zedillo o Calderón en Espeña, nos podemos molestar, no ternuritas. Si el señor Zedillo convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública con el Fobaproa”, aseguró y complementó:

“¿Y qué creen? Lo aprobaron, PRI y PAN. Entonces ¿cómo enojarnos si van ellos a España a acusarnos que somos populistas? Si ayudar a los pobres es ser populista, que me apunten en la lista, pero, es lamentable el papel de pelele, de títere.

“Pero la verdad, no es para enojo, es un timbre de orgullo que esta gente corrupta cuestione lo que estamos haciendo. Desde luego que tienen derecho a hacerlo como cualquier otra persona, como cualquier otro mexicano, porque somos libres, pero es de caricatura”.

López Obrador dio a conocer un audio de una entrevista realizada a él y a Calderón el 28 de octubre de 1998.

Obrador: Ustedes acordaron con el gobierno resolver el asunto del Fobaproa, sin castigo a los responsables y sin que estén las auditorias.

Calderón: Nosotros no vamos a aprobar el Fobaproa Andrés Manuel.

Obrador: Aquí el tema central, vuelvo a insistir, aunque parezca reiterativo. Aquí el tema es: ¿Van a aprobar el dictamen con el PRI a principio de noviembre del Fobaproa, si o no?

Calderón: No, no

Obrador: A perfecto, ya está, ya le dijo que no

Calderón: No, no, no.

Fobaproa, deuda que pasó de lo privado a lo público

El Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) fue creado en el gobierno de Salinas de Gortari, en 1990, como un fondo de contingencia con el fin de “enfrentar posibles problemas financieros extraordinarios” propiciadas “por la insolvencia de los bancos por el incumplimiento de los de los deudores con los mismos o el retiro masivo de depósitos”.

Cuando fue creado se esperaba que el Fobaproa asumiría, en el caso dado, las carteras vencidas y capitalizaría a las instituciones financieras.

Durante la crisis económica en México de 1994 y los años siguientes, el Fobaproa, su concepción, implementación y principales beneficiarios se convirtieron en uno de los temas más polémicos de la política mexicana, debido al endeudamiento estatal a largo plazo y donde las empresas beneficiadas eran allegadas a la cúpula política del país y están ligadas a polémicas de corrupción.

Ante el error de diciembre, en enero de 1995, el recién gobierno de Ernesto Zedillo tomó la decisión de que el gobierno federal absorviera las deudas antes los bancos y capitalizara el sistema financiero con el Fobaproa.

Propuso a los deudores de la banca reestructurar sus deudas por medio de unidades de inversión (Udis). Según la propia reglamentación del Fobaproa, la adquisición de deudas por parte del fideicomiso se realizó a condición de que los accionistas de las instituciones de crédito inyectaran recursos frescos.

El 55% de la deuda cubierta por el fondo estuvo destinada a empresarios y banqueros prominentes, que salieron de la crisis amasando grandes fortunas. Las más importantes controversias que se produjeron en torno al Fobaproa ocurrieron cuando personajes de las cúpulas empresariales ingresaron deudas de sus negocios a la cartera vencida que rescató el gobierno para que fuera éste quien las liquidara.

En marzo de 1998, el entonces presidente Ernesto Zedillo envió al Poder Legislativo una iniciativa para crear un marco legal que redujera las posibilidades de una nueva crisis bancaria como la del 94, así como para crear mecanismos de supervisión a las actividades crediticias y facilitar la capitalización de los bancos y en diciembre de se aprobó que la deuda privada de particulares se convirtiera en deuda pública. Para ese entonces el pasivo del Fobaproa ascendía a 552 mil millones de pesos por concepto de cartera vencida. Dicho monto equivalió al 40 por ciento del PIB de 1997, a las dos terceras partes del Presupuesto de Egresos para 1998 y el doble de la deuda pública interna. Para septiembre de 1999 el costo ascendía a 873 mil millones de pesos.