Militarización: Afianzamiento de una política de Estado

La militarización de México es un tema fundamental en la vida pública desde que Felipe Calderón decidió delegar las tareas de seguridad pública a las fuerzas militares. Sin embargo, habría que plantearse: ¿es una eficaz estrategia contra la violencia? ¿Qué riesgos implica entregarle la seguridad y tareas ajenas al área castrense?

Desde 2008 a la fecha, el Ejército mexicano forma parte del escenario cotidiano en el país. No obstante, la presencia de militares ejerciendo tareas de seguridad en las calles ha aumentado considerablemente. De acuerdo con Integralia Consultores, de 2008 a 2021, la cifra ha pasado de 45 mil 106 elementos desplegados a poco más de 80 mil.  Con ello, el presupuesto destinado a las Fuerzas Armadas entre 2007 y 2022 implica un aumento del 60.5 por ciento.

Si bien de 2018 a 2021 la tasa de homicidios se redujo, delitos como la extorsión (32.6 por ciento) o el narcomenudeo (36.5 por ciento) aumentaron. Por otro lado, a partir de la presente administración, el Estado ha encargado más ocupaciones al Ejército, así como ha destinado mayor presupuesto a las fuerzas armadas. De acuerdo con Integralia Consultores, las instituciones federales destinaron a las fuerzas armadas de 1.1 mil millones de pesos en 2018 a 6 mmdp en 2020.

Dicho presupuesto destinado se refleja en nuevas encomiendas al Ejército: apoyo al programa Sembrando Vida; construcción del aeropuerto de Tulum y del AIFA; edificación de sucursales del Banco del Bienestar (más de dos mil 700); limpieza del sargazo en las costas de Quintana Roo; entre otras tareas.

Durante la presente administración, la principal estrategia de seguridad pública es la Guardia Nacional, un cuerpo militar que cuenta con más de 150 mil individuos repartidos por el territorio nacional. Los mandos de la GN son militares y las tareas se adscriben desde la Secretaría de Defensa Nacional.

La militarización del país es un hecho, no solamente como una estrategia de seguridad, sino también como una política de Estado. Dicho movimiento político arrastra varios riesgos, de los que se encuentran los siguientes:

a) Las instituciones civiles se debilitarían debido al acaparamiento del aparato castrense en la aplicación de las políticas públicas y sociales.

b) La militarización de las estrategias contra un problema social que aqueja a México desde hace décadas impediría las políticas efectivas contra la reducción de la tasa alta de violencia.

c) Las fuerzas armadas del Ejército, debido a la superioridad material frente a la policía estatal y municipal, concentrarían el poder, perjudicando un balanceado y funcional federalismo.

d) Debido a la formación castrense, propia de la eliminación de amenazas de seguridad nacional, los elementos militares carecen de las facultades civiles para abordar la violación de derechos.

e) Con el pretexto del silencio por la seguridad nacional, la opacidad en temas delegados al Ejército se opacarían en aras de un sistema más corrupto y menos transparente.

f) El Ejército se incentivaría, más en apoyar al gobierno en turno, que servir desde la lealtad institucional y a favor de la Constitución.

g) Debido a su amplia participación, más allá de las encomiendas castrenses, el Ejército estaría incentivado en optar por los beneficios económicos, de manera empresarial, que ejercer como un paraguas para salvaguardar al país de las amenazas.