López Obrador, Dina Boluarte, y la miopía del Congreso de Perú

El Congreso de Perú declaró este lunes “persona non grata” al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en un gesto que supone la enésima escalada en una monumental crisis diplomática abierta por el líder morenista en diciembre de 2022 cuando se negó a reconocer la legitimidad de la presidencia de Dina Boluarte tras la caída del expresidente Pedro Castillo cuando intentó dar un autogolpe de Estado.

La votación de la comisión de Exteriores del Legislativo peruano llegó después de un nuevo encontronazo en las últimas semanas entre López Obrador y Boluarte, que siguen discutiéndose sobre la presidencia de la Alianza del Pacífico, que estaba previsto que México entregara a Perú en febrero, pero a lo que el mandatario mexicano se ha negado una y otra vez. Esto, al tiempo que insiste en una defensa férrea de Castillo, negando incluso su intentona golpista de diciembre.

Desde diciembre, AMLO ha insistido en que a Castillo le fabricaron los delitos y que si hizo lo que hizo, que él no considera un intento fallido de autogolpe, es porque el Congreso lo persiguió durante todo su mandato, iniciado en julio de 2021.

No le falta razón a López Obrador en esto último: A Castillo las élites económicas peruanas, que controlan Lima y sus medios de comunicación, le hicieron la vida imposible dentro y fuera del Congreso. Esto ya le había ocurrido antes al expresidente Martín Vizcarra, a quien la cámara baja también torturó políticamente, pese a no ser particularmente de izquierdas. Y es que la vida política peruana vive permanentemente secuestrada por el absurdo poder que retiene el grupo fujimorista Fuerza Popular, que lidera -desde prisión o desde fuera- la hija del exdictador Alberto Fujimori, y que roza la ultraderecha populista.

La Constitución peruana concede poderes exagerados a un Congreso peruano que solo tiene 130 diputados, lo que implica que los equilibrios políticos son frágiles. Para entender el grado de crisis política en que Perú vive instalado desde hace más de un lustro hay que recordar que, desde que el tecnócrata Pedro Pablo Kuczynski le ganó las elecciones a Keiko Fujimori en 2016 por un puñado de votos, el país ha tenido seis presidentes en siete años. APPK, como el apodaban, se lo llevó por delante la corrupción. Martín Vizcarra acabó harto y exhausto por culpa del Congreso, y le acabaron sucediendo Manuel Merino, a quien ni siquiera le pongo cara, y Francisco Sagasti, que entregó el poder a Castillo en 2021. Y luego vino Boluarte en las circunstancias que ya conocemos.

Pero que Castillo fuera víctima de una persecución política por parte de un Congreso secuestrado por el fujimorismo no quita que su intento de disolver las cortes sin convocar elecciones inmediatas, y sin apoyo de absolutamente nadie en su gobierno, fuera un suicidio político y que López Obrador erra gravemente en no aceptar la realidad de los hechos por empecinarse en sobreponer el alineamiento ideológico al respecto institucional de una nación libre y soberana.

Y, sí, es sabido que Boluarte es tremendamente impopular en Perú: Una encuesta del Instituto de Estadios Peruanos (IEP) de finales de enero reveló que el 76% de la población desaprueba la gestión de la mandataria, y al Congreso no le va mucho mejor. Pero López Obrador lidera un gobierno que dice defender la doctrina Estrada, que plantea la no injerencia en los asuntos de otros países, lo que, en su mismo origen, incluye el no meterse en si un gobierno extranjero es o no legítimo. Y desde diciembre, López Obrador ha reiterado una y otra vez que el gobierno de Boluarte es ilegítimo, en violación de la doctrina.

El debate sobre si el gobierno de Boluarte es o no legítimo es perfectamente válido, pero es absolutamente innecesario e inapropiado que sea AMLO quien abra y lidere el debate. Boluarte llegó al poder siguiendo preceptos establecidos en la Constitución de Perú y, mientras esta Carta Magna esté vigente -que es evidente que necesita reformas-, debe respetarse.

Sin embargo, no entiendo la respuesta y la postura que dan el gobierno y el Congreso peruano a los exabruptos de López Obrador. Si los dos países han roto relaciones diplomáticas ysi desde hace meses las únicas representaciones que tienen en sus países es un representante de negocios es porque también Lima ha participado en el juego.

La declaración de persona non grata al presidente mexicano es una innecesaria escalada que no contribuye en nada en resolver la cuestión de la entrega de la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico por parte de México a Perú. Escalar la tensión no va a mover ni un milímetro las ideas de López Obrador, y lo mejor que podrían hacer el Congreso y el gobierno peruano es concentrarse en tratar de apaciguar la crisis política agravada desde la destitución y arresto de Castillo.

Ayudaría a generar sensación regional de legitimidad, por ejemplo, que Fuerza Popular y los demás grupos legislativos, incluyendo al izquierdista Perú Libre, lograran ponerse de acuerdo para pactar un adelanto electoral que, hasta ahora, le han negado a Boluarte porque requeriría una enmienda constitucional. Enmienden la Constitución para darle a la gente las elecciones que reclama, y ya que se ponen, modifíquenla para evitar que el Congreso vuelva a sabotear a un presidente hasta lograr hacerlo caer, como a Vizcarra, o enloquecer, como le pasó a Castillo.