La mina sólo trae muerte y devastación: Ejido el Bajío

En 2017, Rosario Robles era secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)  y arrebató sus tierras a ejidatarios del ejido “El Bajío” para entregárselas a la familia Baillères.

Estas tierras pertenecen al desierto de Sonora y se comprenden por 571 hectáreas. 

Recientemente los ejidatarios recuperaron sus tierras tras haber sido vendidas a los dueños de la minera Penmont, que es una minera filial del grupo Fresnillo PLC.

El representante del ejido, Javier Thomas González, tras la resolución del Tribunal Superior Agrario aseguró que la recuperación de las tierras que la SEDATU entregó a la minera no fue por simple simpatía del gobierno, sino que es el resultado de largos años de lucha de los ejidatarios del desierto de Sonora. 

En ese sentido, también subrayó que los han desplazado de sus tierras por oponerse a la voracidad de la familia dueña de la minera Penmont, y que por esa razón han secuestrado a sus compañeros para torturarlos, y además, mataron a cuatro de los principales activistas del ejido sin que se haya abierto una investigación para que se haga justicia y se diera con los responsables. 

El ejido El Bajío logró obtener en 2014, 64 sentencias a su favor en las que se ordena que la minera regrese sus tierras a los ejidatarios tal y como se les vendió, es decir, sin rastros de su intervención en las tierras. Pero aún después de nueve años de la resolución del tribunal, no han entregado las tierras. 

Posteriormente, los ejidatarios volvieron al Tribunal Unitario Agrario número 28 de Hermosillo, Sonora, para demandar la nulidad de un acta de asamblea ejidal de 2008, en la que los ejidatarios “Cruz” pretendían convertir la propiedad social en parcela ejidal. Los ejidatarios del Bajío afirman que aquella asamblea no fue legal al no haber existido convocatoria alguna y por lo tanto, no llegaron la mayoría de ejidatarios inscritos en el padrón. 

Los “Cruz” están a favor de la minera y recibieron un pago de la minera para realizar una sucesión de derechos, por ésta razón el acta de la asamblea realizada en 2008 era sumamente importante, porque de ser inválida, tendrían todas las condiciones para entregar la parte del territorio que la minera estaba explotando en el paraje “Dipolos” sin que existiera una concesión de por medio, lo cual es ilegal. 

El tribunal nulificó el acta, pero la transición al gobierno de Enrique Peña Nieto, se movió a favor de la familia Baillères, permitiendo que desde la propia SEDATU se consiguiera lo necesario para otorgar el título de propiedad a la minera. 

Han pasado 10 años desde que los ejidatarios obtuvieron sus sentencias a favor, se han dado cuenta de las tácticas y el poder que ejerce la minera y los órganos de justicia y el uso de grupos criminales para intimidarlos. 

El magistrado que resolvió a favor de los ejidatarios, no fue deslindado de su puesto a pesar de la detención de 12 de ellos por órdenes de la familia de la exgobernadora Claudia Pavlovich Arellano; el asesinato de Raúl Ibarra de la Paz, José de Jesús Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega, así como la desaparición de Noemí Elizabeth López Gutiérrez.

Con información de Pie de pagina, de Kau Sirenio