¡Inche juez… corrupto! Juez que liberó a 77, ahora le hace el favor a Abarca en el caso Ayotzinapa

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se presentará una queja en el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial por la determinación que tomó un juez de Tamaulipas de liberar al ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, señalado de ser uno de los autores intelectuales de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa ocurrida la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014.

“Tenemos diferencias con el Poder Judicial y ahora mismo se están expresando por la actitud del juez que ha dejado en libertad de presuntos implicados en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, son esas cosas extrañas de los jueces”.

Antes, el subsecretario de Seguridad Pública Ciudadana, Ricardo Mejía, confirmó que aunque un juez de Tamaulipas ordenara liberar a José Luis Abarca, porque según el juez no habría “evidencias de la plena responsabilidad de Abarca en el secuestro y desaparición de los normalistas”, seguirá en prisión, toda vez que el ex alcalde, a quien se le comprobó ligas, incluso familiares a través de su esposa María de los Ángeles Pineda, con líderes del grupo criminal Guerreros Unidos, es procesado por delincuencia organizado, lavado de dinero y principalmente homicidio.

El subsecretario también confirmó que dicho juez determinó liberar a 19 más. No obstante, según Ricardo Mejía seguirán presos ya que la Fiscalía General de la República impugnó la determinación.

Desde ayer jueves 14 de septiembre que se conoció la decisión del juez de Tamaulipas de absolver a José Luis Albarca de la desaparición de los normalistas, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos y encargado de la Comisión de la Verdad, se lanzó en redes sociales contra el juez Samuel Ventura Ramos, integrante del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Tamaulipas y lo evidenció de que él fue el responsable en el pasado de liberar a “77 presuntos perpetradores implicados en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y que hoy absolvió a José Luis Abarca”.

Recientemente, el subsecretario Alejandro Encinas expuso que en la maquinación del crimen de estado del caso Ayotzinapa participaron seis jueces por encubrir a presuntos delincuentes, de los cuales, en esa ocasión no dio nombres.

Entre los jueces presuntamente implicados de proteger a delincuentes en el caso Ayotzinapa, aparte de Samuel Ventura, también estaría el juez Jorge Guillermo García Suárez Campos integrante del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Tamaulipas.

José Luis Abarca seguirá recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano; está acusado de otros delitos, como delincuencia organizada, lavado de dinero y homicidio.

En agosto pasado, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, dio a conocer en el informe de la Comisión de la Verdad que quienes ordenaron la desaparición de los normalistas fueron José Luis Abarca y líderes del grupo criminal Guerreros Unidos, ente ellos su lugarteniente Gildardo López Astudillo. “El Gil”, en coalición con otras autoridades de los tres niveles de gobierno.

“Quienes dieron la orden, Participa A1, presuntamente José Luis Abarca, los dirigentes de Guerreros Unidos, y en coalición con algunas otras autoridades. Tenemos evidencia de la coalición de autoridades donde A1 y líderes de Guerreros Unidos ordenaron recuperar la mercancía y darles su merecido y un escarmiento ejemplar a los estudiantes”, aseguró Encinas quien aseguró que el entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, tiempo atrás, en julio de 2013, había amenazado a los normalistas, de que si entraban a Iguala se iban a atener a las consecuencias.

El antecedente de esta amenaza, según Encinas fue porque normalistas de Ayotzinapa tomaron las oficinas del Ayuntamiento de Iguala exigiendo a aparición del dirigente Social Arturo Hernández Cardona, quien apareció asesinado el 3 de julio de 2013, homicidio que se le atribuye a José Luis Abarca y por el cual está detenido.

La noche que se perpetró el crimen de Estado

De acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad por el Caso Ayotzinapa, que preside Alejandro Encinas, las autoridades y Guerreros Unidos sabían en todo momento de los movimientos, desde días previos al 26 de  septiembre de 2014, e incluso estuvieron “al tanto de su salida de la Escuela Normal de Ayotzinapa hasta su llegada a Iguala” y no para reventar el acto político de la entonces presidente del DIF, María de los Ángeles Pineda, esposa de abarca y actualmente detenida por delincuencia organizado y lavado de dinero, sino para hacerse de camiones para movilizarse a la manifestación del 2 de octubre en la Ciudad de México, ya que días anteriores, les habían cerrado en Chilpancingo, con esta acción de tomar camiones.

A su llegada, halcones sicarios de Guerreros Unidos, policías municipales “y otras autoridades en distintos puntos avisaron por lo que se montó “un operativo especial que dispersó a los estudiantes en distintas regiones del perímetro de Iguala” para agredirlos “en donde el grupo de guerreros unidos en coordinación y complicidad con autoridades y fuerzas de seguridad el Estado municipal y federal ultimaron y desaparecieron a los estudiantes”.

“El grupo delictivo amplió con un amplio número de sicarios de halcones a partir de un mando central y cómo lo vimos, son tres células, pero ocho grupos que estuvieron operando de manera conjunta con apoyo de policías municipales y estatales”, añadió Encinas.

Esa noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre, tanto sicarios, autoridades municipales, estatales y militares detuvieron a 43 normalistas de Ayotzinapa y los desparecieron.

Esa noche se perpetró el crimen de estado de la administración de Enrique Peña Nieto.