Guatemala ante una nueva afrenta contra la democracia.

Los históricos comicios en Guatemala, que por primera vez y sorpresivamente enviaron a segunda vuelta al abanderado izquierdista de oposición, han dado un giro inesperado que amenaza con destruir el proceso democrático en favor del oficialismo.

Así lo han señalado organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA), quienes han expresado su preocupación por los esfuerzos de algunos actores políticos del país centroamericano de “interferir” en los resultados de la primera vuelta celebrada el pasado 25 de junio.

Estados Unidos también se sumó a los señalamientos contra la interrupción del proceso electoral guatemalteco; el secretario de Estado, Antony Blinken, emitió un comunicado subrayando: “Estados Unidos apoya el derecho constitucional del pueblo guatemalteco a elegir a sus líderes a través de elecciones libres y justas, y está profundamente preocupado por los intentos de interferir con el resultado de las elecciones del 25 de junio”.

Al respecto, el gobierno guatemalteco respondió haciendo un llamado a “respetar la soberanía” 

Tras los comicios donde Bernardo Arévalo, abanderado del Movimiento Semilla, partido de izquierda, logró hacerse de un histórico segundo lugar que le permitía acceder a una segunda vuelta, la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala solicitó una revisión de las boletas de las elecciones, después de que varios partidos de derecha, incluido el de la ex primera dama Sandra Torres, quien terminó en primer lugar, acusaran que los resultados fueron manipulados.

Arévalo llegó a la contienda bajo un discurso en el que promete combatir la “arraigada corrupción” de su país, ganando simpatía entre un electorado que históricamente se ha decantado por la derecha en las urnas. Ante ello, el candidato de Semilla aseguró: «Esta clase política corrupta se enfrenta ante una realidad y es que el partido que está en el balotaje (…) tiene probabilidades de ganar y quiere decir que van a perder total control del sistema». 

Analistas coinciden en que, con estas acciones, el oficialismo estaría buscando dilatar el proceso hasta llegar al 14 de enero, fecha en que si no ha sido electo el mandatario, la responsabilidad de nombrarlo recaerá sobre el actual Congreso.