El aborto en México: 28S, la lucha por el derecho a decidir y dejar de morir

Cada día, las mujeres en México siguen muriendo. No por accidentes, no

por causas naturales, sino por un sistema que les niega el derecho a decidir

sobre sus propios cuerpos. Cada aborto clandestino, cada muerte materna, es un

recordatorio brutal de la traición sistemática que vivimos. Mientras algunos

celebran "avances legales", miles de mujeres siguen enfrentando la

condena del sistema: son procesadas, estigmatizadas y forzadas a vivir las

consecuencias de abortos inseguros. La rabia que sentimos no es por una

cuestión política o moral, sino por la muerte de compañeras que jamás debieron

morir por intentar ejercer su derecho básico a interrumpir un embarazo de

forma segura.

Este país celebra leyes que en la práctica solo sirven para las que

tienen privilegios. La despenalización federal del aborto, aunque significativa en los libros de historia, no cambia la realidad para las miles de mujeres que enfrentan barreras insuperables: la objeción de conciencia arbitraria, la falta de acceso a servicios en zonas rurales, el estigma moral y, en el peor de los casos, la muerte. En Oaxaca, por ejemplo, a pesar de que se despenalizó el aborto hasta las 12 semanas, menos del 30% de los hospitales públicos ofrecen el servicio, dejando a miles de mujeres sin acceso real a este derecho. No podemos hablar de victoria mientras seguimos enterrando a quienes nunca tuvieron la opción de elegir.

Sí, la SCJN dio un paso adelante. Pero, ¿de qué sirve este derecho si

miles de mujeres todavía no pueden acceder a un aborto seguro y legal?

Según datos del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), entre 2015

y 2021, más de 1,600 mujeres fueron procesadas penalmente por abortar,

muchas de ellas tras haber sufrido abortos espontáneos o complicaciones

médicas. Esto no es justicia, es una trampa que sigue condenando a las más

vulnerables. Casos como el de Gabriela, una mujer indígena de 22 años en

Veracruz, quien tras un aborto espontáneo fue acusada de "homicidio en

razón de parentesco", demuestran que el sistema no solo falla, sino que

condena brutalmente a las mujeres más desprotegidas.

Despenalización sin acceso: Un derecho inalcanzable

Aplaudimos los avances legales, pero despenalizar no es lo mismo que garantizar acceso. En más de 20 estados, el aborto sigue siendo inaccesible para la mayoría. La objeción de conciencia sigue utilizándose arbitrariamente por personal médico, dejando a mujeres sin alternativas, especialmente en zonas rurales, donde el sistema de salud está saturado o simplemente es inexistente. Según un informe de GIRE, el 80% de los hospitales públicos en estados como Guanajuato, Querétaro y Chiapas no proporcionan servicios de aborto, incluso en casos donde el embarazo pone

en peligro la vida de la mujer o es resultado de una violación. ¿De qué nos sirve la ley si los servicios siguen sin estar disponibles?

Como señala Luciana Wainer en su libro Fortuito, "la legalización del aborto en varias entidades del país fue una con­quista para los grupos feministas y los activistas por los derechos humanos, quienes pudieron impulsar la agenda en el momento político adecuado y con las condiciones dadas para que el proyec­to fuera aprobado. Pero el sistema siempre se defiende".

La falta de acceso al aborto seguro es parte de la violencia estructural, pues no sólo es parte del discurso moralista que busca controlar nuestras decisiones, sino también de un sistema institucional que nos falla una y otra vez. Cada médico que niega el servicio bajo la excusa de la objeción de conciencia, cada hospital que se rehúsa a implementar programas de atención reproductiva, nos está condenando al riesgo y, en muchos casos, a la muerte.

La desigualdad en el acceso al aborto

El aborto sigue siendo un privilegio en México. Un derecho condicionado al código postal y al nivel socioeconómico. Mientras en la Ciudad de México las mujeres tienen acceso a servicios gratuitos, en estados como Guanajuato o Querétaro, no solo se enfrentan a barreras médicas y económicas, sino también a la criminalización y el estigma. Las mujeres rurales, indígenas y en pobreza siguen siendo las más afectadas. La Red de Mujeres por el Acceso al Aborto Seguro (REMAAS) ha documentado casos de mujeres en comunidades indígenas de Chiapas que, al no tener acceso a servicios médicos adecuados, recurren a métodos peligrosos como infusiones de hierbas o inserciones de objetos en el útero, poniendo en riesgo sus vidas.

Según la Secretaría de Salud, cada año más de 800,000 mujeres en México intentan abortar, y lo hacen en condiciones clandestinas e inseguras. El derecho a decidir no solo debería estar garantizado para quienes viven en zonas urbanas o tienen recursos. Este es un derecho fundamental, una cuestión de autonomía y justicia básica. Wainer en Fortuito evidencia:

"Las y los jueces actuaron como si no supieran nada. Como si los antecedentes del derecho a decidir les fueran ajenos, como si los tratados internacionales no existieran, como si ignoraran que, tal y como se grita en las manifestaciones feministas, las ricas abortan y las pobres mueren. Quizá el poder y el prejuicio sesgaron su entendimiento. Quizá lo sabían todo y aun así no les importó".

No deberíamos necesitar un argumento extraordinario como una violación o un riesgo de vida para tener el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Es nuestro derecho, punto.

El peso de la violencia institucional

El sistema no solo nos niega el acceso a un derecho fundamental, también nos castiga. La criminalización del aborto sigue presente, sobre todo en los casos de mujeres en situación de pobreza, víctimas de un sistema que las discrimina. Wainer relata en Fortuito, casos de mujeres que han sido acusadas de homicidio criminalizadas incluso después de sufrir abortos espontáneos, una realidad dolorosa que se repite en varias partes del país. Como el caso de Irma, en el Estado de México, quien tuvo un parto fortuito después de ser brutalmente golpeada por su pareja. Mientras estaba en el hospital, la señalaron por homicidio en razón de parentesco y un año después fue sentenciada a 45 años de prisión. Su pareja, el agresor, jamás enfrentó la justicia. Historias que desatan indignación pero también evidencia las grietas del sistema.

Como Wainer lo expresa, "En México, las cosas se pierden . Se pierden documentos ofi­ ciales, pruebas periciales, testimonios, personas . Desaparecen las niñas y las mujeres, desaparecen los hombres jóvenes, los no tan jóvenes, los ancianos . Desaparecen las personas con órdenes de aprehensión, desaparecen documentos militares, informes, carpetas de investigación enteras . Al final, las ausencias repetidas terminan por cimbrar el sistema mismo, y es entonces cuando desaparece la justicia . Se va esfumando, poco a poco, se diluye, se pierde . Y ahí todos perdemos . Pero algunos pierden más que otros”.

Cada proceso penal, cada mirada de desprecio, es un recordatorio de que este país sigue traicionándonos. Mientras algunas celebran la despenalización, muchas mujeres en México siguen muriendo por abortos inseguros. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las complicaciones de los abortos clandestinos siguen siendo una de las principales causas de muerte materna en países en desarrollo como el nuestro.

Basta de hipocresía

Este 28 de septiembre es un llamado a la acción. Necesitamos mucho más que leyes despenalizadoras; necesitamos garantizar que todas las mujeres, sin importar su situación económica, puedan acceder a un aborto seguro, legal y gratuito. Las cifras hablan por sí mismas: un estudio del Instituto Guttmacher reveló que el 49% de todos los abortos en América Latina son inseguros, y México no es la excepción. Es inaceptable que, en pleno 2024, sigamos discutiendo si las mujeres merecen o no tener control sobre su propio cuerpo.

Este 28S, la lucha sigue siendo por nuestra libertad. No descansaremos hasta que cada mujer, en cada rincón de México, tenga el control total sobre su propio cuerpo.