Argetina: Orden o Criminalización

El gobierno de Javier Milei anunció medidas estrictas contra los manifestantes que obstruyan la vía pública.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, dijo que se retirarán los planes sociales a quienes participen en dichas protestas. Además, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, informó sobre la implementación del "Protocolo Antipiquetes", que autoriza a las fuerzas federales a intervenir en protestas y a portar armas de fuego. Estas decisiones han sido fuertemente criticadas por organizaciones sociales y por la ONU, ya que las consideran una criminalización de la protesta pacífica.

¿A qué se debe la medida?

Según el gobierno argentino, esta medida busca prevenir que los liderazgos de movimientos sociales utilicen apoyos sociales para coaccionar a la gente a protestar, algo difícil de probar. Parte del plan anti protestas implica también la realización de una auditoría para eliminar la intermediación en la administración de los beneficios sociales, asegurando que la participación en las marchas sea opcional y no condicionada.

Asimismo, las sanciones se extienden a mayores de edad que marchen con menores de 18 años. Algunas organizaciones denuncian esto como una manera de impedir a la juventud participar en la conversación política.

Lo recientemente anunciado se trata de una serie de políticas implementadas que apuntan a regular o quizá reprimir las manifestaciones públicas y la distribución de ayudas sociales, todo en nombre del orden público, un argumento recurrente en gobiernos autoritarios. Esto no solo ha generado controversia, sino también preocupación y rechazo tanto a nivel nacional como internacional.