Acusan a Luis María Aguilar de proteger empresas deudoras de impuestos

En un controvertido escenario, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Luis María Aguilar está siendo señalado por supuestamente resguardar a empresas de gran envergadura que acumulan una deuda de alrededor de 80 mil millones de pesos en impuestos durante tres años, según denunció Arturo Medina, jefe de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF).

Medina subrayó que esta suma de dinero podría haber sido invertida en programas de bienestar y obras de infraestructura, como el programa «Jóvenes Construyendo el Futuro», o incluso aumentar el apoyo a beneficiarios de la pensión de adultos mayores en un 25%, equivalente a tres años y medio de presupuesto.

Durante la conferencia matutina presidida por Andrés Manuel López Obrador, Medina planteó acusaciones de corrupción contra jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, alegando que su presunto accionar ha generado demoras en los juicios y procesos penales, resultando en un panorama de impunidad.

La PFF, adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), anunció la presentación de una queja dirigida al ministro Luis María Aguilar Morales. Según Arturo Medina, se le atribuye haber favorecido a una empresa de gran tamaño que, empleando «estrategias legales», habría logrado evadir más de 25 mil millones de pesos en impuestos pendientes durante 2010, 2011 y 2013.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR) para llevar a juicio a los responsables de una empresa en el área del Bajío, acusada de fraude fiscal y que habría ocasionado pérdidas cercanas a los 300 millones de pesos a la nación mexicana.

La atención también se ha centrado en 17 importantes contribuyentes que han optado por no cumplir con el pago de impuestos por una cifra estimada en 54 mil millones de pesos. En aproximadamente 82% de los casos, los miembros del Poder Judicial Federal habrían obstaculizado la apertura de procesos penales al evitar las audiencias iniciales, restringiendo así la posibilidad de que se haga justicia, según las acusaciones de Medina.

En esta compleja situación, se señala al juez Eduardo Alberto Osorio Rosado por emitir resoluciones presuntamente contrarias a la ley y por desestimar los argumentos de la SHCP, argumentando que la Secretaría no tiene la facultad de salvaguardar los recursos de la población, lo que ha llevado a cuestionar la imparcialidad en el proceso penal. A pesar de que los abogados de la SHCP han logrado revocar estas decisiones cuestionadas, las implicaciones para jueces, magistrados y ministros siguen en debate.